Versión 1.1

Corrupción: la otra “trampa” de la pobreza y desigualdad para las mujeres.

Corrupción: la otra “trampa” de la pobreza y desigualdad para las mujeres.

¿Qué es el género y por qué es importante analizar los problemas públicos bajo este enfoque? De acuerdo con Marcela Lagarde y de los Ríos,1 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Transparencia Internacional, entre otras instituciones de referencia en la materia, el género es el conjunto de atributos socialmente asignados a las personas a partir de su sexo (femenino o masculino)2, y determina distintos aspectos de los hombres y las mujeres, por ejemplo: el tipo y nivel de educación que recibimos; nuestras aspiraciones; cómo deberíamos vernos (y cómo deberían vernos frente a las y los demás); los recursos y oportunidades a los que tenemos acceso; así como vivencias particulares y otros aspectos de la vida cotidiana y nuestra relación con las personas.3

El género “culturalmente” moldea entonces el ser y el deber ser de las personas. En comento, si diseñamos políticas públicas ciegas al enfoque de género, no solo discriminamos a más del 50% de la población mundial (mujeres), sino también, generamos aún más desigualdad e inequidad sustantiva al no contemplar la dimensión del problema y alternativas para su solución a partir de las diferencias, las necesidades y circunstancias entre hombres y mujeres. Para solventar dicha problemática, organismos y convenciones internacionales recomiendan que el análisis y evaluación de política permitan habilitar condiciones por igual (tanto para hombres como para mujeres) y empoderar a aquellos grupos históricamente vulnerados (como las mujeres).

Lo anterior implica, tal y como lo menciona el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, no solo dar un tratamiento diferenciado de las personas, pero también atender las causas estructurales de la propia desigualdad, por ejemplo, la corrupción. Al respecto, la corrupción no solo afecta el crecimiento económico y el desarrollo social y político de las naciones, además, es una doble trampa de la pobreza para las mujeres en la medida en la que impide el goce de sus derechos y profundiza la desigualdad de género aún más. ¿En qué sentido? La condición natural y el rol socialmente asignado a la mujer implican que esta no solo esté más expuesta a la corrupción, sino que dichas conductas tengan un impacto diferenciado (mayor) en sus Derechos Humanos que, en el mediano y largo plazos, potencian a su vez la desigualdad de género.

Es decir, cuando las personas servidoras públicas o particulares se corrompen, las pérdidas en el bienestar social se multiplican para las mujeres en materia de bienes y servicios del Estado claves para el desarrollo (salud y programas sociales) y empoderamiento femenino (educación o barreras a la entrada en el mercado laboral). El vínculo puede no resultar tan obvio, pero es muy claro: las mujeres, por su condición de género, y su rol socialmente asignado a tareas como la administración del hogar y la familia, interactúan más y de distinta manera con autoridades de servicios de agua potable y programas sociales (administradoras del hogar), educación (inscripciones o asuntos escolares) y salud (visitas prenatales, por ejemplo), lo que las expone más a la corrupción, al menos en este sector.4

Algunos datos para el caso mexicano sobre estos planteamientos se pueden encontrar en instrumentos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por ejemplo, al analizar la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020 (ENCUCI), encontramos que en el sector salud, el porcentaje de mujeres que ha sido víctima de corrupción es superior con respecto al promedio nacional de corrupción en otros sectores. No por ello es casualidad que, desde la Consulta Pública Nacional de la Política Nacional Anticorrupción, las mujeres prefieran en mayor proporción priorizar el combate a la corrupción en el sector salud y educación, así como trámites y servicios generales.

Asimismo, de acuerdo con la ENCUCI  2020, los regalos mayormente recibidos por las mujeres en delitos electorales son el subsidio alimenticio y la atención médica, así como objetos utilitarios. Por último, y tal vez la cifra aún más relevante en la materia, es el problema de la extorsión sexual.5 Al respecto, de acuerdo con datos del Barómetro Global de la Corrupción 2019 para América Latina y el Caribe, el 34% de las personas encuestadas en México ha sido víctima o conoce a víctimas de extorsión sexual.6 Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción (ENVIPE) sobre Seguridad Pública 2021, la incidencia delictiva de los delitos sexuales (violación, hostigamiento o intimidación, entre otros) en las mujeres es mucho mayor que a la de los hombres.7

Desde la Política Nacional Anticorrupción (PNA) en México se realizó un diagnóstico con enfoque de género para garantizar que las alternativas de solución pudieran cerrar las brechas de género y desigualdad en estos servicios y empoderar a las mujeres en la vida pública. Al respecto, la misma PNA contempla el principio transversal en materia de Derechos Humanos en cada una de sus aristas y propuestas de acción. En comento, a través de la PNA y su Programa de Implementación, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción impulsa cinco puntos fundamentales en materia de género y corrupción:

  1. Investigar y sancionar con enfoque de género, y proteger a las y los denunciantes de la corrupción, especialmente a las mujeres cuyos salarios son menores y tienen menor movilidad profesional y están más expuestas a la violencia.
  2. Servicios profesionales de carrera que garanticen el igual acceso de mujeres al poder público.
  3. La promoción de programas presupuestarios con enfoque de género y gestión de riesgos de corrupción.
  4. Fomentar la participación de las mujeres en la vida pública a través de los Comités de Participación Ciudadana y proyectos de cultura cívica.
  5. La generación de contenidos curriculares que fomenten la ética pública y el respeto y promoción de los Derechos Humanos, así como la participación de las mujeres en el control de la corrupción.

Asimismo, también nos encontramos trabajando con el INEGI para fomentar la producción y sistematización de datos con enfoque de género y con ello poder analizar conductas diferenciadas de la corrupción en las mujeres y el efecto de la corrupción en los niveles de educación y salud de las mujeres, entre otros temas de posible interés y desarrollo. En suma, y gracias a la colaboración del resto de las instituciones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, estamos marcando rumbo en acciones y proyectos específicos que permitan a las instituciones involucradas en el combate y control de la corrupción avanzar en temas estructurales y mejorar las políticas públicas anticorrupción en México para una mayor igualdad y equidad sustantiva de género.

Por: Catalina Reyes, Diana Olvera, Nancy Camacho y Paulina Vallejos, integrantes de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la SESNA.

1 Académica mexicana, especialista en feminismo, entre otros temas.

2 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Corruption, Accountability and Gender: Understanding the Connections, p. 3.

3 Marcela Lagarde, Género y Feminismo. Desarrollo Humano y democracia, p. 11-18.

4 Transparencia Internacional; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; U4 Anti Corruption Resource Centre.

5 La extorsión sexual ocurre cuando las personas son obligadas a pagar un soborno con actos sexuales en lugar de dinero.

6 Transparencia Mexicana, 2019.

7 De acuerdo con la ENVIPE, delitos sexuales incluye violación y otros delitos sexuales, como el hostigamiento o intimidación sexual, manoseo, exhibicionismo e intento de violación.