Versión 1.1

Mujeres en el Sistema Nacional Anticorrupción en México.

Mujeres en el Sistema Nacional Anticorrupción en México.

El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política en materia anticorrupción, asimismo, se crearon y reformaron diversas normas, entre ellas la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y 32 leyes homólogas estatales, mismas que establecen la conformación de órganos colegiados como: la Comisión de Selección, el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, así como la instalación de una Secretaría Ejecutiva.

De estas 33 leyes, todas establecen la prevalencia de equidad de género en la conformación del Comité de Participación Ciudadana, sin embargo, cabe destacar que únicamente 18 comités cuentan con dos o tres mujeres en su integración: el Nacional, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, lo que representa el 54%. Por otra parte, existen tres entidades federativas que no consideran mujeres en su composición: Guerrero, Nuevo León y Querétaro.

Asimismo, dentro del Comité Coordinador, órgano colegiado que contempla principalmente 7 figuras: el presidente del Comité de Participación Ciudadana, los titulares del Órgano Superior de Fiscalización, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Contraloría, un representante del Consejo de la Judicatura, el titular del Instituto de Transparencia y el Magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, solamente existen 10 entidades en las que por lo menos la mitad de sus integrantes son mujeres, en el resto del país los titulares de las citadas instituciones son  hombres. Cabe mencionar que solo el estado de Oaxaca no cuenta con representación femenina en la conformación de esta instancia y la Ciudad de México, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas únicamente cuentan con una mujer dentro del Comité.

Como se observa en la siguiente gráfica, la participación preponderante de las mujeres se refleja en la titularidad de las Contralorías con un 64%, por otra parte, respecto a la representación del Poder Judicial no alcanza el 10%.

Ilustración 1 Representación femenina del Comité Coordinador

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Fuente: SNA. ¿Quiénes somos? https://www.sna.org.mx/quienes-somos/

Finalmente, de las 33 Secretarías Ejecutivas, organismos de apoyo técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos 11 titulares mujeres contra 19 hombres, lo que representa únicamente el 36%, considerando que a febrero 2022 existen 3 vacantes.

Partiendo de que “el Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia”, se destaca la vital importancia reforzar la participación de las mujeres en este esfuerzo de coordinación entre autoridades para combatir la corrupción.

Entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible se encuentra como prioridad “asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”(Unidas, 2018). La literatura indica que existe una relación directa del incremento de la participación femenina por parte de electorado (Krook, 2006; Liu & Banaszak, 2017) en consonancia a una presencia en cargos públicos ocupados por mujeres, por lo que se presenta un énfasis en políticas que favorecen su entorno personal y familiar, un hecho que rara vez se abordan por el género masculino.

El impulso de agendas de género incentiva que haya referentes o modelos a seguir, lo que encarna en la sociedad estímulos para que las niñas y mujeres visualicen una ruta para la promoción educativa y se interesen en diversos temas como la inclusión, la igualdad, equidad, educación, crecimiento sostenible y un ambiente libre de corrupción.

Por otra parte, se sugiere que para la definición de políticas y cambios institucionales, la designación de mujeres al frente de dependencias, entidades, organismos autónomos y descentralizados ofrece un ambiente donde se promueve la horizontalidad funcional en la toma de decisiones, impulso de una toma de decisiones con perspectiva en materia de género.

El análisis y la disminución de la corrupción requiere el entendimiento de factores que influyen para el desarrollo de estrategias efectivas para el combate de la corrupción, en este orden de ideas, las acciones afirmativas sembrarán referencias necesarias para fomentar y garantizar una participación efectiva y dinámica con la inclusión de las mujeres en materias de auditoría, rendición de cuentas, fiscalización y sanción para que los mecanismos que se establecen para la promoción de un Sistema Anticorrupción integral.

Aunado a ello, podría esperarse un incremento en la designación de mujeres, derivado de la reforma constitucional en materia de Paridad entre Géneros llevada a cabo en 2019, toda vez que esta busca garantizar que la mitad de los cargos de decisión política en los tres órdenes de gobierno, en los tres Poderes de la Unión y en los órganos autónomos sean para mujeres, impulsando su inclusión en la toma de decisiones en los asuntos públicos.

Por: Itzia Suárez y Laura Zurita, integrantes de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional de la SESNA.

Krook, M. L. (2006). Gender Quotas, Norms, and Politics. Politics & Gender, 2 (1), 110-118. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S1743923X06231015

Liu, S.-J. S., & Banaszak, L. A. (2017). Do Government Positions Held by Women Matter? A Cross-National Examination of Female Ministers' Impacts on Women's Political Participation. Politics & Gender, 13 (01), 132-162. https://doi.org/10.1017/s1743923x16000490

Unidas, N. (2018). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. Santiago.